El escándalo por las irregularidades denunciadas en la Unidad Penal III de Eldorado actuó como un reguero de pólvora que avanza sobre otras dependencias del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y pondría en evidencia un modus operandi institucional.
No vayan a creer que sólo en Eldorado pasan cosas. En la cárcel de Oberá, por ejemplo, los jefes no dejaron un árbol en la chacra de tantos muebles que se mandaron hacer. Se llenan las casas de muebles que les hacen los internos sin pagar un peso, o venden para otra gente de afuera", graficó un penitenciario con muchos años de trayectoria.
Precisamente, a través de dicha fuente, El Territorio accedió en exclusiva a una serie de fotografías que certifican sus palabras, ya que se trata de una secuencia donde se observa cuando cargan dos juegos de mesas y sillas en una camioneta. El rodado sería de un agente del mismo SPP.
Según explicaron, en la Unidad Penal II de Oberá cumplen condenas varios sujetos que se desempeñan como carpinteros, algunos de los cuales aprendieron el oficio estando tras las rejas.
"Algunos ya tienen el oficio y otros van aprendiendo para el día de mañana tener una salida laboral. Así pasan el tiempo y les sirve. Hacen cosas muy lindas, pero muchos jefes se aprovechan y les hacen trabajar para beneficio propio. Y el interno no se queja; al contrario, le sirve para tener algunos beneficios", agregaron.
Pero las irregularidades no se agotarían en el negocio de los muebles, al punto que indicaron que varios reclusos que saben de mecánica, chapa y pintura se encargan de reparar y pintar automóviles particulares de algunos jefes.
"Usan a los internos para beneficio propio. Hay muchos que no podrían justificar su crecimiento patrimonial, porque con un sueldo de penitenciario no se puede tener camioneta, lancha y moto. Incluso, hay un oficial que da préstamos", aseguró otra fuente.
No requisan
Según datos oficiales, la cárcel de Oberá tiene una población total de 310 internos, discriminados en 205 en el módulo A para condenados y los restantes en el módulo B para fase de confianza.
Actualmente, el alcaide auxiliar Mariano Alonso es el subdirector a cargo de la dirección, ya que el alcaide mayor Walter Flores se encuentra abocado a la junta de clasificación para los ascensos de fin de año.
Entre otras irregularidades, desde el penal precisaron que "hace quince días se hizo una requisa parcial de dos celdas del módulo A, pero hace mucho que no se hace una requisa general y en cualquier momento puede haber problemas serios. Parece que la requisa no es negocio para algunos".
Al respecto, recordaron que a mediados de junio se registró una pelea con facas entre dos internos que concluyó con un herido de gravedad. En la requisa posterior al hecho hallaron más de 50 armas tumberas en poder la población carcelaria.
"Con esa cantidad de facas caseras podrían hacer un motín y tomar el penal. Es una situación muy grave", precisó entonces una fuente judicial.
A consecuencia de ello, integrantes del Tribunal Penal Uno realizaron una inspección al lugar y recepcionaron quejas por maltrato a las visitas por parte del personal de guardia, situaciones de violencia interna y la demora en la obtención de beneficios como salidas transitorias y libertad condicional.
Ante el evidente descontrol y las irregularidades detectadas, además del sumario administrativo iniciado por las autoridades del SPP, se inició una causa penal.
Acusaciones y persecución
En los últimos años, sucesivos jefes de la Unidad Penal II fueron denunciados y relevados por diversas irregularidades, que van desde acoso sexual, facilitación de la fuga, sobrefacturación de precios en la mercadería para la población carcelaria y hasta la salida sin autorización judicial de condenados peligrosos.
Por ello, varios altos oficiales afrontan causas judiciales que hasta el momento no tuvieron sentencia.
Sin ir más lejos, el actual director asumió en octubre del año pasado, luego del relevo de la anterior cúpula por el escándalo de las salidas de presos sin autorización judicial.
En aquella oportunidad, fueron relevados y pasados a situación de disponibilidad del alcaide mayor Martín Ariel Acosta y del alcaide principal José Ángel Cáceres, ex director y subdirector, respectivamente.
La medida surgió tras una denuncia del Tribunal Penal Uno contra los ex directivos que habrían avalado salidas de internos condenados sin la debida autorización, lo que constituye una falta grave del régimen carcelario.
Entre los reos que salieron varias veces sin permiso se encuentra Domingo Jesús Penteado (61), alías "la bestia misionera", quien en 1984 asesinó a su propia madre y en 1995 violó y mató a una chica de 16 años.
En enero último, en tanto, surgieron dudas por el abultado monto que abonaba la administración del penal en concepto de carne vacuna y pollo destinado a la alimentación de los internos y del personal de guardia. Luego, personal femenino denunció presiones de la dirección por la difusión de las cuestionadas facturas.
"Quienes eran jefe y subjefe de la administración fueron trasladado al penal Loreto por las facturas de carne, pero ahí quedó todo. Los encargados de conserjería, que son quienes reciben las facturas, fueron sumariados y perseguidos por el informe del diario. Acá es así, la cadena siempre se rompe por el más débil", graficaron.
No vayan a creer que sólo en Eldorado pasan cosas. En la cárcel de Oberá, por ejemplo, los jefes no dejaron un árbol en la chacra de tantos muebles que se mandaron hacer. Se llenan las casas de muebles que les hacen los internos sin pagar un peso, o venden para otra gente de afuera", graficó un penitenciario con muchos años de trayectoria.Precisamente, a través de dicha fuente, El Territorio accedió en exclusiva a una serie de fotografías que certifican sus palabras, ya que se trata de una secuencia donde se observa cuando cargan dos juegos de mesas y sillas en una camioneta. El rodado sería de un agente del mismo SPP.
Según explicaron, en la Unidad Penal II de Oberá cumplen condenas varios sujetos que se desempeñan como carpinteros, algunos de los cuales aprendieron el oficio estando tras las rejas.
"Algunos ya tienen el oficio y otros van aprendiendo para el día de mañana tener una salida laboral. Así pasan el tiempo y les sirve. Hacen cosas muy lindas, pero muchos jefes se aprovechan y les hacen trabajar para beneficio propio. Y el interno no se queja; al contrario, le sirve para tener algunos beneficios", agregaron.
Pero las irregularidades no se agotarían en el negocio de los muebles, al punto que indicaron que varios reclusos que saben de mecánica, chapa y pintura se encargan de reparar y pintar automóviles particulares de algunos jefes.
"Usan a los internos para beneficio propio. Hay muchos que no podrían justificar su crecimiento patrimonial, porque con un sueldo de penitenciario no se puede tener camioneta, lancha y moto. Incluso, hay un oficial que da préstamos", aseguró otra fuente.
No requisan
Según datos oficiales, la cárcel de Oberá tiene una población total de 310 internos, discriminados en 205 en el módulo A para condenados y los restantes en el módulo B para fase de confianza.
Actualmente, el alcaide auxiliar Mariano Alonso es el subdirector a cargo de la dirección, ya que el alcaide mayor Walter Flores se encuentra abocado a la junta de clasificación para los ascensos de fin de año.
Entre otras irregularidades, desde el penal precisaron que "hace quince días se hizo una requisa parcial de dos celdas del módulo A, pero hace mucho que no se hace una requisa general y en cualquier momento puede haber problemas serios. Parece que la requisa no es negocio para algunos".
Al respecto, recordaron que a mediados de junio se registró una pelea con facas entre dos internos que concluyó con un herido de gravedad. En la requisa posterior al hecho hallaron más de 50 armas tumberas en poder la población carcelaria.
"Con esa cantidad de facas caseras podrían hacer un motín y tomar el penal. Es una situación muy grave", precisó entonces una fuente judicial.
A consecuencia de ello, integrantes del Tribunal Penal Uno realizaron una inspección al lugar y recepcionaron quejas por maltrato a las visitas por parte del personal de guardia, situaciones de violencia interna y la demora en la obtención de beneficios como salidas transitorias y libertad condicional.
Ante el evidente descontrol y las irregularidades detectadas, además del sumario administrativo iniciado por las autoridades del SPP, se inició una causa penal.
Acusaciones y persecución
En los últimos años, sucesivos jefes de la Unidad Penal II fueron denunciados y relevados por diversas irregularidades, que van desde acoso sexual, facilitación de la fuga, sobrefacturación de precios en la mercadería para la población carcelaria y hasta la salida sin autorización judicial de condenados peligrosos.
Por ello, varios altos oficiales afrontan causas judiciales que hasta el momento no tuvieron sentencia.
Sin ir más lejos, el actual director asumió en octubre del año pasado, luego del relevo de la anterior cúpula por el escándalo de las salidas de presos sin autorización judicial.
En aquella oportunidad, fueron relevados y pasados a situación de disponibilidad del alcaide mayor Martín Ariel Acosta y del alcaide principal José Ángel Cáceres, ex director y subdirector, respectivamente.
La medida surgió tras una denuncia del Tribunal Penal Uno contra los ex directivos que habrían avalado salidas de internos condenados sin la debida autorización, lo que constituye una falta grave del régimen carcelario.
Entre los reos que salieron varias veces sin permiso se encuentra Domingo Jesús Penteado (61), alías "la bestia misionera", quien en 1984 asesinó a su propia madre y en 1995 violó y mató a una chica de 16 años.
En enero último, en tanto, surgieron dudas por el abultado monto que abonaba la administración del penal en concepto de carne vacuna y pollo destinado a la alimentación de los internos y del personal de guardia. Luego, personal femenino denunció presiones de la dirección por la difusión de las cuestionadas facturas.
"Quienes eran jefe y subjefe de la administración fueron trasladado al penal Loreto por las facturas de carne, pero ahí quedó todo. Los encargados de conserjería, que son quienes reciben las facturas, fueron sumariados y perseguidos por el informe del diario. Acá es así, la cadena siempre se rompe por el más débil", graficaron.
fuente:TD
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