El juez además designó “interventores informantes” en firmas de Lázaro Báez y Cristóbal López
El juez Claudio Bonadio investiga si a través de la sociedad "Los Sauces", propiedad de la familia Kirchner, se cometieron los delitos de lavado de dinero y cohecho. Esa sociedad recibió pagos por alquileres de sus propiedades casi con exclusividad de empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López, dos hombres de negocios que crecieron exponencialmente durante el kirchnerismo.
Según explicaron fuentes judiciales , en los más de seis meses que lleva la investigación se detectaron irregularidades en el funcionamiento tanto de "Los Sauces" como en el de la "Sucesión de Néstor Carlos Kirchner".
Esas dos sociedades fueron intervenidas judicialmente por medio año por orden de Bonadio. No será el juez quién designe a los interventores: saldrán de un sorteo que se realizará-mediante sistema informático- entre los disponibles en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los interventores asumirán la conducción de las dos sociedades.
En el primer caso, el juez ordenó remover al diputado nacional por el Frente para la Victoria Máximo Kirchner del cargo de administrador de la "Sucesión de Néstor Carlos Kirchner". El interventor judicial designado allí deberá administrar la sucesión y además deberá informarle al juez diferentes situaciones. Tendrá que dar a conocer todos los pagos realizados y recibidos por esa sucesión y la sociedad "Los Sauces" o cualquiera de sus socios: la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. También debe reportar si hubo pagos cruzados entre la sucesión y empresas de Lázaro Báez, de Cristóbal López y del histórico socio de los Kirchner Osvaldo Sanfelice.
El interventor judicial tendrá que dar-a partir de la documentación disponible de la sociedad- la mayor cantidad de detalles que expliquen cada una de las operaciones.
Otro interventor judicial se deberá hacer cargo de "Los Sauces". Durante seis meses deberá informar al juzgado de Bonadio si existieron transferencias desde esa sociedad con la sucesión, con los socios de esa firma, y con las empresas de Báez, López y Sanfelice. Y deberá explicar cómo se hizo cada una de esas operaciones.
El juez Claudio Bonadio investiga si a través de la sociedad "Los Sauces", propiedad de la familia Kirchner, se cometieron los delitos de lavado de dinero y cohecho. Esa sociedad recibió pagos por alquileres de sus propiedades casi con exclusividad de empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López, dos hombres de negocios que crecieron exponencialmente durante el kirchnerismo.
Según explicaron fuentes judiciales , en los más de seis meses que lleva la investigación se detectaron irregularidades en el funcionamiento tanto de "Los Sauces" como en el de la "Sucesión de Néstor Carlos Kirchner".
Esas dos sociedades fueron intervenidas judicialmente por medio año por orden de Bonadio. No será el juez quién designe a los interventores: saldrán de un sorteo que se realizará-mediante sistema informático- entre los disponibles en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los interventores asumirán la conducción de las dos sociedades.
En el primer caso, el juez ordenó remover al diputado nacional por el Frente para la Victoria Máximo Kirchner del cargo de administrador de la "Sucesión de Néstor Carlos Kirchner". El interventor judicial designado allí deberá administrar la sucesión y además deberá informarle al juez diferentes situaciones. Tendrá que dar a conocer todos los pagos realizados y recibidos por esa sucesión y la sociedad "Los Sauces" o cualquiera de sus socios: la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. También debe reportar si hubo pagos cruzados entre la sucesión y empresas de Lázaro Báez, de Cristóbal López y del histórico socio de los Kirchner Osvaldo Sanfelice.
El interventor judicial tendrá que dar-a partir de la documentación disponible de la sociedad- la mayor cantidad de detalles que expliquen cada una de las operaciones.
Otro interventor judicial se deberá hacer cargo de "Los Sauces". Durante seis meses deberá informar al juzgado de Bonadio si existieron transferencias desde esa sociedad con la sucesión, con los socios de esa firma, y con las empresas de Báez, López y Sanfelice. Y deberá explicar cómo se hizo cada una de esas operaciones.
