La Cámara de Diputados de la Nación brindó su respaldo al decreto 179 firmado por el presidente Javier Milei, una medida que habilita al Poder Ejecutivo a continuar contrayendo deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta decisión generó un intenso debate y una marcada división dentro del recinto legislativo, reflejando las tensiones existentes en torno a la política económica del gobierno. La votación arrojó un resultado de 129 votos a favor, provenientes de diversos bloques que, si bien con matices, otorgaron su apoyo a la iniciativa del oficialismo. Entre estos se encontraban los diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica, Innovación Federal, Producción y Trabajo, así como tres legisladores tucumanos de Independencia que fueron señalados como "traidores" por su cambio de postura, representantes del MID, una parte del bloque Democracia para Siempre y la mitad del bloque Encuentro Federal. Este respaldo parlamentario es un paso crucial para el gobierno de Milei, ya que le permite avanzar con su plan de estabilización económica que tiene como uno de sus pilares fundamentales el acuerdo con el FMI. Sin embargo, la forma en que se logró este apoyo, incluyendo el señalamiento de algunos legisladores y la división dentro de bloques minoritarios, subraya la complejidad del escenario político actual.
En contraposición al respaldo obtenido por el oficialismo, un total de 108 diputados manifestaron su rechazo al decreto de endeudamiento impulsado por el presidente Milei. Este frente opositor estuvo conformado principalmente por los bloques de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), y una porción de los bloques Encuentro Federal y Democracia para Siempre. La solidez de este bloque opositor refleja una profunda preocupación por las implicaciones de un mayor endeudamiento con el FMI y por la dirección general de la política económica del gobierno. Además de los votos negativos, se registraron 6 abstenciones, protagonizadas por diputados de diferentes extracciones políticas: Emilio Monzó y Nicolás Massot, ambos integrantes de Encuentro Federal; Florencio Randazzo, también de este bloque; el diputado radical Martín Tetaz; y la ex integrante del bloque de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta. Estas abstenciones, aunque no modificaron el resultado final de la votación, evidencian fisuras y posturas intermedias dentro del espectro político, sugiriendo que incluso algunos legisladores que podrían estar ideológicamente más cerca del oficialismo tienen reservas sobre la estrategia de endeudamiento con el FMI. La composición de este bloque opositor y las abstenciones marcan un límite importante al margen de acción del gobierno en el Congreso y anticipan futuros debates y tensiones en torno a las políticas económicas.
En un contraste notable con operativos de seguridad anteriores, el gobierno nacional no desplegó medidas de represión contra la movilización de jubilados que se congregaron en Plaza Congreso. La protesta, que contó con una amplia participación de movimientos políticos, sociales, culturales y de derechos humanos, así como de ciudadanos de diversas edades solidarizados con el reclamo, se desarrolló sin los incidentes ni la violencia que marcaron otras manifestaciones recientes. La ausencia de represión en esta ocasión fue interpretada por muchos como una respuesta a las fuertes críticas y al repudio generalizado que generaron los operativos de seguridad previos, especialmente el que resultó en heridas al fotoperiodista Pablo Grillo. La masiva concurrencia a la Plaza Congreso, a pesar de las advertencias y las maniobras disuasorias del gobierno, demostró la persistencia del descontento social ante las políticas económicas y sociales implementadas. La decisión de no reprimir podría también reflejar una estrategia gubernamental de evitar una nueva escalada de tensión social y de proyectar una imagen de mayor apertura al ejercicio del derecho a la protesta, aunque las amenazas previas sembraron dudas sobre esta postura.
Previamente a la manifestación de los jubilados, el gobierno nacional había recurrido a tácticas intimidatorias con el objetivo de desalentar la participación en la protesta. Durante la mañana, se difundieron mensajes amenazantes a través de carteles colocados en diversas estaciones de trenes del área metropolitana, en los que se contraponía la protesta con la violencia y se advertía sobre la actuación policial ante cualquier "atentado a la República". El mismo mensaje amedrentador fue transmitido de manera insistente por los altoparlantes de las estaciones, buscando generar temor entre los potenciales manifestantes. Adicionalmente, se implementaron cortes y restricciones en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, una medida que también buscaba dificultar la llegada de personas desde diferentes puntos del conurbano bonaerense y de otras provincias. Estas acciones preventivas del gobierno, que recordaron operativos de seguridad anteriores, generaron críticas por considerarse una vulneración del derecho a la libre circulación y a la protesta. A pesar de estas maniobras disuasorias, la movilización de los jubilados logró una importante convocatoria, lo que sugiere que el temor y las restricciones no fueron suficientes para frenar el descontento y la determinación de los manifestantes.
Tras la jornada de protesta de los jubilados, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, utilizó sus redes sociales para expresar una visión diametralmente opuesta a la de muchos manifestantes y observadores. En su mensaje, Bullrich afirmó que se había dado "un mensaje contundente a los desestabilizadores" y que "los violentos no pudieron actuar". Según la ministra, la ausencia de incidentes demostraba que las fuerzas de seguridad, "cuando no son agredidas, actúan con paz y tranquilidad resguardando el orden". Bullrich agradeció el "profesionalismo, entrega y compromiso" de las fuerzas de seguridad, reforzando la postura del gobierno de que cualquier protesta que altere el orden público será considerada una amenaza a la estabilidad y que la actuación policial se justifica en la medida en que se perciba una agresión o un intento de desestabilización. Sus declaraciones contrastan fuertemente con las denuncias de represión y violencia policial ocurridas en manifestaciones anteriores, y evidencian la concepción del gobierno sobre el rol de las fuerzas de seguridad en el manejo de la protesta social.
En un revés para los bloques opositores en la Cámara de Diputados, no se logró alcanzar el quórum necesario para iniciar el debate sobre la crucial cuestión de la moratoria previsional. Para poder sesionar y discutir este tema, se requerían 129 diputados presentes en el recinto, pero la oposición solo logró reunir a 124 legisladores. Estos diputados pertenecían a diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria, el FIT, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y algunos pocos diputados de la UCR que se desmarcaron de la postura de su bloque. La falta de quórum impidió que se llevara a cabo el debate sobre la moratoria, una herramienta que ha permitido a miles de adultos mayores acceder a una jubilación a pesar de no contar con todos los años de aportes requeridos. Por su parte, el oficialismo y los bloques considerados colaboracionistas no facilitaron la reunión del quórum, evidenciando su estrategia de evitar el debate sobre este tema sensible y alineándose con la política del gobierno de no prorrogar la moratoria. Esta situación generó frustración y críticas por parte de los bloques opositores y de las organizaciones de jubilados, quienes ven en la no prórroga de la moratoria un grave perjuicio para una gran cantidad de adultos mayores que quedarán sin la posibilidad de acceder a una jubilación.
La situación previsional en Argentina revela un panorama complejo y desafiante. Actualmente, más del 90% de los adultos mayores de 65 años acceden a algún tipo de haber jubilatorio, un porcentaje elevado en comparación con otros países de la región. Sin embargo, este logro se ve amenazado por el inminente vencimiento, este domingo, de la moratoria previsional, un mecanismo que permitía a personas que no contaban con los años de aportes completos regularizar su situación y acceder a una jubilación. El gobierno nacional ha anunciado su decisión de no prorrogar esta moratoria, lo que tendrá un impacto significativo en el futuro acceso a las jubilaciones. Se estima que alrededor de 200 mil personas por año se verán imposibilitadas de jubilarse como consecuencia de esta medida, siendo las mujeres el sector más afectado, representando aproximadamente el 70% de este total. Un análisis más detallado revela que, de los varones que cumplieron 64 años en 2024 (un total de 187.044), solo el 42% estará en condiciones de acceder a una jubilación. La situación es aún más crítica para las mujeres que cumplieron 59 años en el mismo período (216.022 personas), de las cuales se estima que solo el 17% tendrá derecho a una jubilación. La importancia de la primera moratoria previsional implementada entre 2003 y 2010 es innegable, ya que durante ese período el número de jubilaciones y pensiones se incrementó significativamente, pasando de 3,2 millones a 5,6 millones, lo que demuestra el rol fundamental de este tipo de mecanismos para garantizar la cobertura previsional. La no prórroga de la moratoria actual plantea serios interrogantes sobre el futuro de la seguridad social en Argentina y el destino de miles de adultos mayores que se encontrarán en una situación de vulnerabilidad al no poder acceder a una jubilación.
Myriam Bregman, destacada dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), alertó sobre las graves consecuencias que traerá consigo el vencimiento de la moratoria jubilatoria. Bregman señaló que, en un plazo muy breve, nueve de cada diez mujeres en Argentina no podrán acceder a una jubilación, y la situación para los varones también es crítica, con siete de cada diez sin posibilidades de jubilarse. Esto significa, según sus estimaciones, que aproximadamente el 80% de la población argentina no tendrá derecho a una jubilación al vencer la moratoria. La dirigente del FIT vinculó directamente esta situación con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), que desde hace años viene señalando que Argentina tiene un gasto excesivo en jubilaciones. Bregman explicó que, al caerse la moratoria, se cerrará la puerta de ingreso al sistema jubilatorio para aquellas personas que no cuenten con los aportes completos. En este nuevo escenario, la única alternativa para algunos podría ser acceder a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pero Bregman advirtió que esto requerirá certificar una situación de pobreza y que no todos podrán cumplir con este requisito. Finalmente, la dirigente del FIT anticipó que las movilizaciones de los miércoles, en reclamo por la situación de los jubilados, tenderán a crecer a medida que miles de personas se acerquen a las oficinas de ANSES y reciban la noticia de que no cumplen con los requisitos para jubilarse, generando un aumento del descontento social y la protesta.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también se movilizó hacia el Congreso de la Nación para expresar su firme reclamo por un aumento significativo en las jubilaciones y para manifestar su rechazo al acuerdo que el gobierno nacional ha alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, expresó su profunda preocupación por la situación institucional del país, señalando que Argentina atraviesa uno de sus momentos más frágiles. Aguiar fue contundente al afirmar que, si bien no se ha declarado formalmente, el país vive bajo un "virtual Estado de Sitio", acusando al gobierno de suspender todas las garantías constitucionales. En un tono enérgico, el dirigente de ATE sostuvo que el gobierno amenaza con reprimir a quienes "atentan contra la República", pero afirmó que los únicos que realmente atentan contra la República son "los delincuentes confesos que habitan la Casa Rosada desde el 10 de diciembre de 2023", en clara referencia a la asunción del actual gobierno. Las declaraciones de Aguiar reflejan una postura de confrontación directa con el gobierno nacional, denunciando lo que consideran un avasallamiento de los derechos y una política económica perjudicial para los trabajadores y los jubilados. La movilización de ATE se suma a otras expresiones de descontento social y anticipa una continuidad de las protestas y los reclamos frente a las medidas implementadas por el gobierno.
Una semana después de haber sido gravemente herido por un disparo efectuado por el gendarme Guerrero durante un operativo de seguridad en el marco de una protesta, el fotoperiodista Pablo Grillo muestra signos de mejoría y continúa internado en el Hospital Ramos Mejía. Su padre, Fabián Grillo, brindó una actualización sobre su estado de salud, informando que, dentro de la gravedad del cuadro, los médicos han notado una reacción positiva. Según el relato del padre, Pablo mueve las manos a pedido y ha llegado a abrir los ojos. Los médicos se encuentran evaluando la posibilidad de retirarle el respirador, un avance significativo en su proceso de recuperación. La noticia de la mejoría de Pablo Grillo ha sido recibida con alivio por sus familiares, colegas y por amplios sectores de la sociedad que repudiaron la violencia ejercida en su contra y que han seguido de cerca su evolución. Sin embargo, la cautela de los médicos y la continuidad de su internación subrayan la seriedad de las heridas sufridas y el largo camino que aún le queda por recorrer en su recuperación. El caso de Pablo Grillo se ha convertido en un símbolo de la preocupación por la libertad de prensa y el uso de la fuerza en las protestas sociales en Argentina.
Se hicieron públicos audios en los que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habría instado a los legisladores del bloque de La Libertad Avanza a generar disturbios y desorden durante la sesión en la que se debatía el decreto 179 y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En los mensajes de voz que trascendieron, Menem habría pedido explícitamente a sus colegas que provocaran caos, utilizando términos como "gritándome, a los gritos, puteando" y descartando cualquier forma de protesta pacífica. En el mismo tono, el presidente de la Cámara de Diputados habría calificado la sesión como "la más importante de los últimos 20 años para ser parte de la historia", instando a los legisladores a mantener una actitud de firmeza y confrontación: "Dientes apretados en todo momento. No bajemos la guardia", fue la instrucción que habría dado en un mensaje de voz difundido en el grupo de WhatsApp del bloque parlamentario. La difusión de estos audios, dada a conocer por el periodista Jorge Rial, generó una fuerte polémica y críticas hacia la conducción de la Cámara de Diputados y hacia la estrategia del bloque oficialista. Estas revelaciones sugieren una táctica deliberada de obstrucción y deslegitimación del debate parlamentario, priorizando la confrontación y el caos por sobre la discusión ordenada de temas de gran relevancia para el país.
Durante la sesión en la Cámara de Diputados en la que se debatió el decreto de endeudamiento con el FMI, el diputado Máximo Kirchner, del bloque Unión por la Patria, realizó una fuerte advertencia en relación con el manejo de las finanzas y la transparencia del acuerdo con el Fondo. Kirchner se refirió específicamente al caso de las criptomonedas, señalando que si el presidente Milei no estuvo involucrado en una estafa en este ámbito, resulta inexplicable que no pueda identificar una estafa "a dos centímetros de su nariz". En un tono crítico, el diputado cuestionó el otorgamiento de "plenos poderes" al Poder Ejecutivo por parte del Congreso en el marco de un acuerdo con el FMI cuyos detalles "ningún argentino y argentina conoce". Kirchner recordó las descalificaciones previas del presidente hacia el Congreso y sus integrantes, a quienes llegó a llamar "ratas". Con ironía, el diputado señaló que esos mismos "roedores de los que habla el presidente" fueron quienes le otorgaron herramientas fundamentales como la Ley Bases, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la reforma laboral y facultades delegadas. Finalmente, Kirchner planteó una pregunta central sobre la falta de planificación económica integral: "¿No tenemos Presupuesto? ¿Hay plan económico sin presupuesto?", interrogante que subraya la incertidumbre y las críticas de la oposición hacia la estrategia económica del gobierno.
Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, expresó duras críticas hacia el ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionando su ausencia en el Congreso y su preferencia por aparecer en medios de comunicación y reuniones con el "círculo rojo". Pichetto señaló que la presencia mediática de Caputo no se traduce en un diálogo constructivo con el Poder Legislativo, fundamental para la gobernabilidad y la implementación de políticas económicas. En un tono enérgico, el diputado advirtió que las declaraciones del ministro en un programa de televisión durante la mañana tuvieron un impacto negativo en el mercado cambiario, provocando un aumento del valor del dólar y obligando al Banco Central a intervenir vendiendo divisas para contener la escalada. Pichetto instó a Caputo a reflexionar sobre su actitud y a establecer un vínculo más respetuoso y constructivo con el Congreso, sugiriendo incluso la necesidad de "ir a ver al analista" para comprender su relación con el Poder Legislativo. Finalmente, Pichetto criticó la "política del desprecio" hacia el Congreso, tanto por parte del ministro como del presidente, afirmando que "no va más" la estrategia de agredir vilmente al Poder Legislativo. Sus declaraciones reflejan un creciente malestar en sectores de la oposición, incluso aquellos que han mostrado cierta apertura al diálogo con el gobierno, ante lo que perciben como una falta de respeto institucional y una desconexión entre el Ejecutivo y el Congreso.
En un movimiento que evidencia tensiones internas dentro del interbloque de Unión por la Patria en el Senado, se formalizó la creación de un nuevo bloque denominado "Convicción federal". Este nuevo espacio está integrado por cuatro senadores que han decidido tomar distancia de la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, marcando una división dentro de la principal fuerza opositora en la Cámara alta. El senador por San Luis, Fernando Salino, asumió la presidencia del nuevo bloque, mientras que la senadora por Jujuy, Carolina Moisés, ocupa la vicepresidencia. Completan el bloque el senador por Catamarca, Guillermo Andrada, y el senador por La Rioja, Jesús Rejal. La formación de "Convicción federal" introduce un nuevo factor de complejidad en el escenario político del Senado, alterando las correlaciones de fuerza dentro del interbloque de Unión por la Patria y abriendo interrogantes sobre las estrategias y la cohesión de la oposición en la discusión de los proyectos de ley del gobierno. Esta división podría tener implicaciones en el debate de temas clave y en la capacidad de la oposición para presentar un frente unido frente a las iniciativas del oficialismo.
La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, dilató lo máximo posible la convocatoria a la sesión especial solicitada por el bloque de Unión por la Patria para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos propuestos por el presidente Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A pesar del insistente pedido de la oposición, Villarruel postergó la definición de la fecha hasta finalmente fijarla para el 3 de abril. Esta maniobra dilatoria fue interpretada por la oposición como una estrategia para minimizar el debate sobre la idoneidad de los candidatos y para evitar posibles obstáculos a su aprobación. Los nombres de Lijo y García-Mansilla han generado controversia y críticas por diversos sectores de la sociedad civil, el ámbito académico y la oposición política, quienes cuestionan sus antecedentes y su independencia del poder político. La decisión de Villarruel de postergar la sesión y finalmente fijarla para una fecha posterior busca probablemente asegurar las condiciones políticas necesarias para la aprobación de los pliegos, evitando un debate prematuro que pudiera poner en riesgo la designación de los candidatos del gobierno para la Corte Suprema.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó interviniendo en el mercado cambiario con el objetivo de contener la presión sobre los tipos de cambio paralelos del dólar. En la jornada de ayer, la autoridad monetaria se desprendió de una suma considerable de divisas, alcanzando los 186 millones de dólares. Esta intervención se suma a las ventas realizadas en los días previos, totalizando una cifra alarmante de 930 millones de dólares vendidos en tan solo cuatro días. Esta estrategia del BCRA busca evitar una aceleración de la devaluación del peso argentino en los mercados no oficiales, que suelen ser más sensibles a las expectativas y a la incertidumbre económica. Sin embargo, la continuidad de estas ventas masivas de dólares plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de esta política y sobre el nivel de reservas disponibles del Banco Central para seguir sosteniendo el tipo de cambio en el mediano y largo plazo. La necesidad de recurrir a estas intervenciones frecuentes refleja la persistente inestabilidad cambiaria y la falta de confianza en la moneda local, factores que complican la estabilización económica y generan preocupación en diversos sectores de la sociedad.
En la provincia de Jujuy, se produjo un cambio en la cúpula del Ministerio de Seguridad. Por decisión del gobernador Carlos Sadir, el salteño Juan Manuel Pulleiro asumió como nuevo ministro, en reemplazo de Guillermo Corro, a quien se le solicitó la renuncia. Esta designación generó un fuerte rechazo por parte de organismos de derechos humanos que operan en la provincia, quienes advirtieron que el nombramiento de Pulleiro representa una "amenaza latente para la democracia y la convivencia pacífica" en Jujuy. Las críticas de los organismos de derechos humanos se basan probablemente en la trayectoria o en las posturas que Pulleiro ha manifestado en relación con la seguridad y el manejo de la protesta social. Sorprendentemente, el rechazo al nombramiento de Pulleiro no provino únicamente de los organismos de derechos humanos. La Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios también expresó su oposición a esta designación, argumentando que implica una "militarización de la seguridad" y anticipando un endurecimiento y un "trato hostil" hacia los sindicatos policiales y penitenciarios, las organizaciones sociales "y todo movimiento de protesta pacífica". Este doble rechazo, tanto de organizaciones de derechos humanos como de la propia representación sindical de las fuerzas de seguridad, subraya la controversia que genera el nuevo ministro de Seguridad en Jujuy y anticipa un posible aumento de la conflictividad social en la provincia.
Productores de yerba mate de la provincia de Misiones decidieron presentar una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, acusándolo de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El motivo de la denuncia radica en la falta de designación de un presidente para el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Según denuncian los productores, la ausencia de una autoridad designada en el INYM impide que el organismo pueda cumplir con una de sus funciones fundamentales: la fijación de los precios de la hoja verde de yerba mate. Actualmente, el kilo de hoja verde se paga entre 180 y 200 pesos, un valor que los productores consideran insuficientemente bajo, reclamando un precio mínimo de 600 pesos por kilo para poder cubrir sus costos de producción y obtener una rentabilidad justa. La denuncia fue presentada formalmente por el Movimiento Agrario de Misiones y la Asociación de Productores Agrarios de la provincia, buscando que la justicia investigue la inacción del Poder Ejecutivo en este tema que afecta directamente la economía de miles de familias productoras de yerba mate en la región. La falta de regulación de precios por parte del INYM, debido a la ausencia de una autoridad designada, genera incertidumbre y perjuicios económicos para los productores, quienes ven cómo sus ingresos se mantienen en niveles bajos frente a una inflación creciente.
Los siete diputados nacionales que representan a la provincia de Misiones en el Congreso de la Nación tomaron una postura unánime a favor del nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), respaldando con su voto la iniciativa del gobierno nacional. Entre los legisladores misioneros que votaron a favor se encuentran Florencia Klipauka, quien actualmente integra el bloque de La Libertad Avanza; Martín Arjol, de la Unión Cívica Radical (UCR); Emmanuel Bianchetti, del PRO; y los diputados del gobernante Frente Renovador de la Concordia de Misiones: Yamila Ruiz, Carlos Fernández y Daniel Vancsik. También se sumó a este respaldo el diputado peronista Alberto Arrúa. La coincidencia de los siete diputados misioneros, provenientes de diferentes espacios políticos, en el apoyo al acuerdo con el FMI podría interpretarse como un reflejo de las necesidades financieras de la provincia o de una visión compartida sobre la estrategia económica a nivel nacional. Sin embargo, también es importante señalar que esta postura no necesariamente refleja la opinión de la totalidad de los sectores políticos y sociales de la provincia, donde seguramente existen voces críticas sobre el aumento de la deuda con el FMI y sus posibles consecuencias para el país.
En la provincia de Santa Fe, un caso de corrupción que involucra al extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la provincia entre los años 2015 y 2020, Carlos Vaudagna, tomó un giro significativo. Vaudagna, quien estaba siendo investigado por presuntos actos de corrupción, decidió confesar ante la justicia su participación en extorsiones y otros delitos, revelando que estas acciones tenían como objetivo beneficiar a grandes empresarios de la región. En su declaración, el exfuncionario de la AFIP admitió haber actuado en coordinación con el juez federal Marcelo Bailaque, lo que agrava aún más las implicaciones del caso al involucrar a un miembro del Poder Judicial. Entre los empresarios que habrían sido favorecidos por estas maniobras ilegales, Vaudagna mencionó al expresidente de la empresa Vicentin, Omar Scarel, y al CEO del diario El Litoral, Nahuel Caputto. Esta confesión pone al descubierto una presunta red de corrupción que involucra a funcionarios de alto nivel del organismo recaudador y a empresarios importantes de la provincia, generando un escándalo con posibles derivaciones judiciales para todos los implicados. La investigación deberá ahora profundizar en las declaraciones de Vaudagna y determinar el alcance de esta red de corrupción y los beneficios obtenidos por los empresarios mencionados.
En la provincia de Córdoba, la Cámara 11 del Crimen de la justicia provincial, con la participación de jurados populares, dictó una sentencia de prisión perpetua para Néstor Aguilar Soto por el femicidio de Catalina Gutiérrez. El veredicto del jurado coincidió plenamente con el pedido de la querella, que había solicitado la máxima pena para el acusado. Tras conocer el fallo, Marcelo Gutiérrez, padre de la víctima, expresó su dolor y su búsqueda de justicia: "Por la memoria de nuestra hija divina lo mínimo que podíamos hacer es buscar Justicia con esta cadena perpetua". Catalina Gutiérrez, estudiante de arquitectura, fue brutalmente asesinada en julio del año anterior por Néstor Aguilar Soto, quien era su compañero en la facultad. El caso conmocionó a la sociedad cordobesa y puso de manifiesto una vez más la problemática de la violencia de género y los femicidios. El fallo de prisión perpetua representa un importante avance en la búsqueda de justicia para Catalina y un mensaje claro del sistema judicial sobre la gravedad de este tipo de crímenes.
En la provincia de Córdoba, la postura de los diputados nacionales que responden al gobernador Martín Llaryora, del espacio Hacemos Unidos por Córdoba, fue favorable a la autorización para que el presidente Javier Milei lleve adelante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estos legisladores provinciales se sumaron al respaldo de la iniciativa del gobierno nacional, al igual que el líder del bloque del radicalismo, Rodrigo De Loredo, quien también votó a favor del endeudamiento. La única excepción dentro de este panorama fue la diputada Natalia de la Sota, también integrante del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, quien se desmarcó de la postura mayoritaria y votó en contra del acuerdo con el FMI. Esta división dentro del bloque que responde al gobernador Llaryora, aunque con una clara mayoría a favor, y la postura de De Loredo, reflejan las diferentes visiones y matices que existen dentro del espectro político cordobés en relación con la política económica nacional y el rol del FMI.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se formalizaron las inscripciones de las alianzas electorales que competirán en los comicios del próximo 18 de mayo. El PRO, principal fuerza política de la ciudad en los últimos años, se presentará bajo el nombre de "Buenos Aires Primero", en una alianza que incluye al MID y a Encuentro Republicano Federal. Por su parte, el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezará la lista de "Volvamos Buenos Aires", una coalición conformada por el Partido Federal y Confianza Pública, liderada por Graciela Ocaña. El peronismo, representado por Unión por la Patria, utilizará el sello "Ahora Buenos Aires". La Unión Cívica Radical (UCR), junto con el GEN y el Partido Socialista, conformaron la alianza "Evolución". Además de estas principales coaliciones, también competirán en las elecciones de la ciudad el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), la Coalición Cívica, Principios y Valores y Autodeterminación y Libertad. La inscripción de estas alianzas marca el inicio formal de la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires, anticipando una contienda diversa y con múltiples opciones para los votantes.
En la provincia del Chaco, la Justicia emitió una orden al gobernador Leandro Zdero para que se provea de manera urgente agua y alimentos a las comunidades Wichí de las localidades de Miraflores y Sauzalito. Esta medida judicial se dictó en respuesta a las denuncias sobre la grave situación de "hambre e inanición" que atraviesan estas comunidades originarias. Julio García, abogado del Instituto del Aborigen Chaqueño, destacó el respaldo del Superior Tribunal de Justicia a este reclamo fundamental. El abogado también criticó duramente la reciente suspensión de las pensiones por discapacidad en la localidad de El Teuco Bermejito, medida que afecta a personas en situación de vulnerabilidad. Según García, esta suspensión se debe a un proceso de reempadronamiento complejo y poco claro, calificándolo de "arbitrario" y perjudicial para los beneficiarios. La intervención de la Justicia en la provincia del Chaco subraya la crítica situación humanitaria que enfrentan algunas comunidades originarias y la necesidad de garantizar el acceso a derechos básicos como la alimentación y el agua potable.
Un informe del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) reveló el fuerte impacto de la inflación en la provincia del Chaco durante el mes de febrero. Según el relevamiento del instituto, la Canasta Básica Total (CBT) en las ciudades de Gran Resistencia y Sáenz Peña alcanzó un valor de 940.850 pesos, lo que representa un aumento del 5% en comparación con el mes anterior. El rubro que lideró los aumentos fue la carne, con un incremento del 10,98%, evidenciando el fuerte impacto de los precios de los alimentos en los presupuestos familiares. En contraste, el rubro de verdulería registró una leve baja en sus precios, con una variación del -2,85%. Estos datos reflejan la difícil situación económica que atraviesan los hogares chaqueños, donde el constante aumento de los precios de los bienes y servicios esenciales dificulta el acceso a una calidad de vida digna. La variación en los precios de los diferentes rubros dentro de la Canasta Básica Total pone de manifiesto la heterogeneidad de la inflación y el impacto particular que tienen ciertos alimentos en el poder adquisitivo de la población.
En la provincia de La Pampa, la votación de los diputados nacionales sobre el nuevo endeudamiento con el FMI reflejó las divisiones políticas existentes a nivel nacional. Los dos diputados del PRO por La Pampa, Martín Ardohain y Martín Maquieyra, respaldaron con su voto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que avalaba el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. En contraposición, los legisladores de Unión por la Patria por la provincia, Ariel Rauschenberger y Varinia Marín, así como la diputada radical Marcela Colli, votaron en contra de la medida. La diputada Colli fundamentó su voto negativo expresando su desacuerdo con la modalidad de gobierno a través de decretos, señalando que "no se puede gobernar a decretazo". Esta postura de la diputada radical se suma a las críticas que han surgido desde diferentes sectores políticos sobre el uso excesivo de DNU por parte del Poder Ejecutivo. La votación de los diputados pampeanos ilustra las diferentes perspectivas que existen sobre la estrategia de endeudamiento con el FMI y sobre el rol del Congreso en la definición de la política económica del país.
En la provincia de Tierra del Fuego, el sector docente se encuentra en estado de alerta y ha iniciado medidas de fuerza en respuesta a su disconformidad con la oferta salarial presentada por el Gobierno provincial. La propuesta salarial consistió en un aumento del 3% liquidado en el mes de febrero y otro 3% correspondiente a una modificación en la función docente, porcentajes considerados insuficientes por los trabajadores de la educación frente al contexto inflacionario. En este marco de conflicto, los docentes de Tierra del Fuego llevarán a cabo un paro de actividades de 24 horas a partir de la jornada de hoy, acompañado de concentraciones y una olla popular que se realizará de manera simultánea en las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Estas medidas de protesta buscan visibilizar el reclamo salarial del sector docente y presionar al gobierno provincial para que mejore su oferta. El paro y las movilizaciones podrían afectar el normal funcionamiento de las escuelas en toda la provincia y generar un aumento de la tensión entre el gobierno y los sindicatos docentes.
Trabajadores de prensa de la provincia de Tucumán realizaron una protesta denominada "camarazo" frente a la Casa Histórica de la capital provincial. El principal objetivo de esta acción fue exigir la renuncia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en respuesta a la brutal agresión sufrida por el reportero gráfico Pablo Grillo durante una manifestación en Buenos Aires. Los trabajadores de prensa tucumanos expresaron su solidaridad con su colega agredido y su enérgico repudio a la violencia ejercida contra los trabajadores de los medios de comunicación en el ejercicio de su labor. Durante el "camarazo", los manifestantes portaron sus cámaras en alto y manifestaron su determinación de seguir informando a la sociedad a pesar de los riesgos y las agresiones. "Se sigue con las cámaras en alto, se sigue poniendo el cuerpo, no se puede callar a un pueblo con balas", fue una de las consignas que resonaron durante la protesta, dejando en claro la defensa de la libertad de prensa y el rechazo a cualquier intento de intimidación contra los periodistas.
En la provincia de Tucumán, los jubilados volvieron a movilizarse en la Plaza Independencia de la capital provincial, contando con el acompañamiento de diversos sectores de la sociedad. En esta ocasión, se sumaron a la convocatoria referentes del sindicato de docentes e investigadores de la universidad pública, quienes participaron bajo el lema "todos y todas con los jubilados", expresando su solidaridad con los adultos mayores y sus reclamos por mejoras en sus haberes. Además, la protesta también sirvió como espacio para manifestar el repudio generalizado por la agresión sufrida por el fotógrafo Pablo Grillo durante una manifestación en Buenos Aires, sumándose al pedido de justicia y al rechazo a la violencia contra los trabajadores de prensa. La movilización de los jubilados en Tucumán también contó con la participación de simpatizantes de los clubes de fútbol San Martín y Atlético Tucumán, lo que evidencia la transversalidad del reclamo y la preocupación por la situación de los jubilados en diferentes ámbitos de la sociedad tucumana.
El gobierno de la provincia de San Luis demostró su solidaridad con los damnificados por el temporal en la ciudad de Bahía Blanca, enviando dos camiones cargados con elementos de primera necesidad. La ayuda consistió en colchones, agua potable y alimentos, los cuales ya se encuentran siendo distribuidos por el comité de crisis local entre las personas afectadas. Además de este primer envío, el gobierno de San Luis anunció que en los próximos días se realizará un nuevo envío de ayuda, que incluirá 642 colchones adicionales para continuar asistiendo a quienes perdieron sus pertenencias a causa del fuerte temporal. Esta acción solidaria refleja la disposición de otras provincias a colaborar en situaciones de emergencia y a brindar apoyo a las comunidades que se ven afectadas por este tipo de eventos climáticos adversos.
En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, a pesar de las condiciones climáticas adversas, caracterizadas por fuertes vientos con ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora, se llevó a cabo una concentración en apoyo a los jubilados. La movilización, que se sumó a las realizadas en otras ciudades del país, tuvo como objetivo principal reclamar una mejora en los ingresos de los adultos mayores, quienes se ven afectados por la creciente inflación y el deterioro de su poder adquisitivo. Durante los discursos pronunciados por representantes de diversas organizaciones y de la mesa de jubilados local, no solo se hizo hincapié en la necesidad de aumentar las jubilaciones, sino que también se criticó con dureza la represión ejercida por las fuerzas de seguridad bajo la conducción de la ministra Patricia Bullrich en manifestaciones anteriores. Asimismo, los oradores expresaron su profundo rechazo al plan de ajuste económico implementado por el gobierno de Javier Milei, considerando