⚖️ JUDICIALES | Falsas denuncias y perspectiva de género: el sistema judicial bajo cuestionamiento
El abogado penalista Ramón Camargo, con trayectoria en Posadas, encendió el debate sobre el impacto de las denuncias infundadas en el sistema judicial argentino. En declaraciones a Misiones Online, advirtió que la aplicación automática de la perspectiva de género está generando una ruptura del principio de inocencia, con consecuencias devastadoras para personas que luego se comprueba que eran inocentes.
🚨 El daño invisible: presos sin condena, familias destruidas
Camargo alertó que el sistema judicial, al actuar de forma inmediata ante una denuncia, detiene al acusado sin esperar la investigación completa, lo que genera:
🧨 Estigmatización social
🧨 Pérdida de empleo y bienes
🧨 Destrucción de vínculos familiares
“Incluso si luego se demuestra que la denuncia fue falsa, el daño es irreversible. Nadie devuelve esos años perdidos”, afirmó.
📈 Una problemática en crecimiento
Se observa un aumento de denuncias falsas en casos de violencia de género, abuso sexual y delitos contra menores
Muchas surgen de conflictos familiares, disputas por bienes o revanchas personales
El acusado queda en indefensión, ya que la denunciante no puede ser objeto de prueba durante la instrucción
🏛️ Proyecto de ley en el Senado
Impulsado por la senadora Carolina Losada, con apoyo del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el proyecto propone:
⚖️ Prisión de 1 a 3 años por denuncia falsa en general
⚖️ Prisión de 3 a 6 años si se trata de delitos de género, abuso o menores
⚖️ Sanciones a testigos y peritos que falseen información
Camargo celebró el avance legislativo como una oportunidad para revisar el uso dogmático de la perspectiva de género, que debe igualar derechos, no privilegiar automáticamente una versión.
🧭 Hacia una justicia equilibrada
“Toda denuncia debe investigarse, pero los denunciados deben gozar de los mismos derechos que cualquier ciudadano: libertad, presunción de inocencia e igualdad ante la ley”, concluyó.
Este debate interpela al sistema judicial, a los medios y a la sociedad: las falsas denuncias deben ser penalizadas con firmeza, no solo por justicia individual, sino para preservar la credibilidad institucional y evitar que inocentes sigan cayendo en prisión por errores que el Estado no repara.