Trece estudiantes, investigadores y artistas argentinos fueron excluidos de la Casa Argentina en París, una residencia cultural dependiente de la Secretaría de Educación nacional. Los afectados denuncian que su expulsión es una represalia por haber participado en actos conmemorativos del 24 de marzo y por exigir la restauración de una placa en homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura. Acusan al director Santiago Muzio —designado por el gobierno de Javier Milei— de imponer una línea ideológica que silencia la memoria histórica. El ministerio, en cambio, insiste que se trata de una “reducción habitual de cupos”, sin ofrecer pruebas ni criterios objetivos.
Mientras tanto, en la Justicia, el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal N° 5 ordenó readecuar en 30 días hábiles el programa de tratamiento del genocida Adolfo Donda, quien cumple condena por crímenes de lesa humanidad en la ESMA. La medida, solicitada por el fiscal Félix Crous y la auxiliar Marcela Obetko, exige incorporar obligatoriamente el abordaje de la violencia de género y el parto deshumanizado —prácticas sistémicas en los centros clandestinos—, en línea con los estándares internacionales de justicia transicional.
En Córdoba, la tragedia de Agostina Vega sigue generando consecuencias legales. Fue detenido Osvaldo Facceta, quien alquiló la habitación donde se cometió el femicidio, y ahora enfrenta un cargo de encubrimiento. Los investigadores vinculan a Facceta y al imputado principal, Claudio Barrelier, por su vínculo con el club Instituto y un cumpleaños en barrio Villa Azalais. En paralelo, renunció formalmente Ricardo Moreno, exabogado de Barrelier y exconcejal suplente, quien ya había sido reemplazado pero mantenía su cargo simbólico. Moreno había defendido a Barrelier en una causa anterior por privación ilegítima de la libertad e intento de abuso sexual, y lo recomendó para un puesto en la Municipalidad de Córdoba Capital.
En Santa Fe, la crisis ambiental y económica se profundiza. La Cámara Federal de Rosario ordenó investigar a seis directivos de la agroquímica Atanor y a ocho funcionarios de organismos de control por presuntos vertidos de residuos peligrosos en el río Paraná. La causa apunta a negligencia sistemática en la fiscalización ambiental. Mientras tanto, la provincia acumula 13 meses consecutivos de recesión económica, según el Índice de Actividad Económica (ICA-SFE). En marzo, hubo una caída mensual del 0,02% y una interanual del 1,1%, lo que refleja un estancamiento estructural que afecta a industrias, pymes y trabajadores.
Argentina vive hoy una triple crisis: la memoria histórica bajo ataque, la justicia por crímenes de lesa humanidad en proceso de implementación, y la emergencia social y ambiental en las provincias. Mientras el gobierno nacional minimiza los hechos, la sociedad civil exige respuestas concretas.
