El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una fuerte denuncia que ha encendido el debate político en plena recta final de las elecciones presidenciales: fondos provenientes de Israel estarían financiando la campaña del candidato de derecha Abelardo de la Espriella, en alianza con autoridades de Estados Unidos y redes de narcotráfico. La acusación, formulada en un discurso nacional el miércoles, ha generado reacciones inmediatas en todos los frentes: desde la cancillería israelí hasta organizaciones de derechos humanos y analistas electorales.
“Están comprando votos con dinero sucio, con fondos de Netanyahu, con apoyo de embajadas extranjeras y con recursos del narcotráfico”, afirmó Petro, sin presentar pruebas concretas pero insistiendo en que “hay evidencias documentales que se están recopilando para presentar ante la Justicia”. El mandatario no detalló fuentes ni cifras, pero señaló que se trata de “una operación transnacional para desestabilizar el proceso democrático colombiano”.
La campaña de Abelardo de la Espriella, exalcalde de Medellín y candidato de la coalición de derecha “Colombia Justa”, rechazó categóricamente las acusaciones. “Es una estrategia de distracción, una mentira para desviar la atención de los fracasos del gobierno”, dijo su portavoz, María Fernanda Rincón, en rueda de prensa. “No hemos recibido un solo peso de fuentes extranjeras. Todo nuestro financiamiento es legal, transparente y declarado ante la Registraduría”.
El gobierno de Israel, por su parte, emitió un comunicado oficial en el que niega cualquier intervención en las elecciones colombianas: “Israel respeta plenamente la soberanía de Colombia y no interviene en sus procesos electorales. Las acusaciones son infundadas y contrarias a nuestros principios diplomáticos”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Tel Aviv.
Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Bogotá también negó cualquier participación: “EE.UU. apoya el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente a sus líderes. No financiamos, no promovemos ni condicionamos candidatos”, dijo el portavoz diplomático en un comunicado emitido horas después del discurso de Petro.
La denuncia llega en un contexto de alta tensión política. La segunda vuelta electoral del 21 de junio enfrenta a Petro, en busca de reelección, contra De la Espriella, quien encabeza las encuestas con un 38% de intención de voto, según la última medición de Cifras y Conceptos. La campaña se ha vuelto un campo de batalla ideológico: mientras Petro defiende su proyecto de “transformación social”, su oponente promete “restaurar la seguridad y la economía”.
Analistas electorales advierten que la acusación de Petro podría tener efectos contraproducentes. “Cuando un presidente acusa sin pruebas a un rival de recibir financiamiento extranjero, se corre el riesgo de deslegitimar el proceso democrático en sí mismo”, señala la politóloga Laura Gómez, de la Universidad Nacional. “Si no hay evidencia, esto se convierte en un arma de desgaste, no en una herramienta de transparencia”.
Mientras tanto, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha anunciado que iniciará una investigación preliminar para verificar las fuentes de financiamiento de ambas campañas, en cumplimiento de la ley electoral. Organizaciones como Transparencia por Colombia y la Fundación Friedrich Naumann han exigido “pruebas concretas, no declaraciones políticas”.
El debate ha trascendido las fronteras nacionales. En redes sociales, hashtags como #PetroVsNetanyahu y #DineroSucioEnColombia se han vuelto tendencia en América Latina, mientras que medios internacionales como BBC Mundo y Le Monde han comenzado a cubrir el caso como un posible ejemplo de “interferencia electoral en el siglo XXI”.
Para muchos colombianos, la pregunta ya no es solo quién ganará las elecciones, sino si el proceso será percibido como legítimo. En medio de la desconfianza, el voto del 21 de junio podría convertirse en más que una elección: en un referéndum sobre la soberanía, la transparencia y el futuro de la democracia en Colombia.
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