La estabilidad del gabinete del presidente Gabriel Boric ha vuelto a ser puesta a prueba. Con la reciente acusación constitucional (AC) en contra del ministro de Educación, Nicolás Grau, se suma un nuevo capítulo a una lista que ya preocupa a La Moneda: nueve secretarios de Estado han debido enfrentar este mecanismo de control político desde el inicio de la administración.
La historia de las AC en este gobierno no es nueva, y los números pintan un escenario complejo para la gobernabilidad. Repasamos quiénes fueron los titulares de carteras que debieron defenderse ante el Congreso antes de que le tocara el turno a Grau.
🏛️ Interior y Seguridad: El foco inicial
Las primeras tormentas políticas golpearon fuerte a la cartera más sensible del país. Dos exministras del Interior y Seguridad Pública tuvieron que cruzar el umbral del Congreso para defender su gestión.
- Izkia Siches: Enfrentó una AC tras los trágicos sucesos de la Macrozona Sur, donde se discutieron responsabilidades políticas en el manejo del orden público.
- Carolina Tohá: También debió presentar su defensa ante la Cámara Baja, en un contexto de alta tensión social y debates sobre la eficacia de las políticas de seguridad.
⚖️ Justicia y DD.HH.: Debates de fondo
La cartera de Justicia no ha estado exenta del escrutinio parlamentario.
- Marcela Ríos: La ministra tuvo que someterse a una AC, donde se pusieron sobre la mesa temas cruciales como la reforma al sistema de pensiones de las FF.AA. y la gestión de la cárcel de Alta Seguridad. Fue un debate que trascendió lo técnico para instalarse en la arena política pura.
🏫 Educación: El precedente inmediato
Antes de Nicolás Grau, la cartera de Educación ya había sentido el calor de una acusación.
- Marco Antonio Ávila: El extitular debió enfrentar un libelo que cuestionaba aspectos de su gestión, marcando un precedente de lo que hoy vive Grau, quien ahora debe preparar su defensa ante la Sala Constitucional del Senado.
🏠 Vivienda y Ciudad: La crisis habitacional
El déficit habitacional y las tomas de terreno han sido puntos críticos que salpicaron al gabinete.
- Alberto Undurraga: Como ministro de Vivienda, tuvo que defenderse de una AC que ponía el foco en la respuesta del Estado frente a la emergencia de viviendas y la regularización de campamentos.
💂 Defensa Nacional: Bajo fuego cruzado
La relación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas también generó instancias de acusación.
- Maya Fernández: La ministra de Defensa Nacional enfrentó una AC, en un periodo marcado por discusiones sobre el rol militar en el control del orden público y la modernización de las fuerzas armadas.
⚡ Energía y Transición: Un desafío técnico-político
Incluso las carteras técnicas han sido blanco de estrategias opositoras en el Congreso.
- Diego Pardow: El exministro de Energía debió pasar por el trámite de una AC, donde se discutieron aspectos de la matriz energética y la transición hacia fuentes renovables, demostrando que ningún sector está blindado.
🤝 Desarrollo Social: La protección del tejido social
Finalmente, la cartera encargada de la red de protección social también tuvo su momento de prueba.
- Jeanette Vega: Como exministra de Desarrollo Social, enfrentó una acusación que puso bajo la lupa la implementación de programas sociales y la respuesta ante la crisis económica post-pandemia.
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📝 Editorial: La normalización de la crisis
Lo que antes se consideraba un evento excepcional en la vida de un ministro, en el gobierno de Gabriel Boric se ha convertido casi en un ritual de paso. Que nueve secretarios de Estado hayan sido acusados constitucionalmente en menos de dos años no es solo una estadística; es un síntoma de la fragmentación política del Congreso chileno.
Si bien la Constitución faculta al legislativo para fiscalizar, la recurrencia de estas acusaciones sugiere un uso instrumental del mecanismo más como herramienta de desgaste político que como un control efectivo de faltas graves. Para el oficialismo, cada AC es una batalla de supervivencia que consume capital político y tiempo de gestión. Para la oposición, es la válvula de escape para mostrar fuerza en un escenario de baja aprobación presidencial.
El caso de Nicolás Grau no es un hecho aislado, sino la continuación de una tendencia que debilita la continuidad de las políticas públicas. En un país que necesita soluciones urgentes en seguridad, salud y economía, ver a sus ministros pasando más tiempo preparándose para defenderse en el Senado que gestionando desde sus oficinas, plantea una pregunta incómoda: ¿Quién gobierna realmente cuando el banquillo se llena tan rápido?
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