Un jubilado de Posadas, Misiones, con ingresos mensuales inferiores a 1,5 millón de pesos, presentó una demanda ante la Justicia Federal contra bancos, entidades crediticias, una billetera virtual y una empresa de cobranzas. El hombre, cuya identidad se mantiene protegida por razones de privacidad, asegura que una cadena de créditos, refinanciaciones y tasas abusivas lo llevó a acumular una deuda superior a 150 millones de pesos —más de 100 veces sus ingresos mensuales— en apenas unos años.
La denuncia, presentada por su abogado Carlos Piñeiro, busca la nulidad parcial de los contratos firmados por el jubilado, argumentando que fueron celebrados bajo condiciones de vulnerabilidad extrema, falta de transparencia y sin una evaluación real de su capacidad de pago. “No se trató de un mal manejo financiero, sino de un sistema que explotó la confianza y la ignorancia de una persona mayor, en situación de dependencia económica”, señaló Piñeiro.
Según los documentos presentados, el hombre contrató inicialmente un pequeño préstamo personal para cubrir gastos médicos. Sin embargo, al no poder pagar la cuota, fue presionado para refinanciar con nuevas entidades, muchas de las cuales aplicaron intereses compuestos y comisiones ocultas. La billetera virtual involucrada, según la denuncia, facilitó nuevos créditos sin verificar su solvencia, mientras que la empresa de cobranzas lo sometió a llamadas constantes, amenazas y presión psicológica.
La situación se volvió insostenible: el jubilado, que vive únicamente de su pensión, fue despojado de su cuenta bancaria, tuvo retenidos sus ingresos y recibió notificaciones judiciales por deudas que, según su abogado, “nunca fueron debidamente explicadas ni consentidas con plena conciencia”.
La demanda, presentada en la Justicia Federal de Misiones, también solicita la suspensión inmediata de todas las acciones de cobranza y la devolución de los montos pagados en exceso, bajo el argumento de “enriquecimiento injusto” por parte de las entidades financieras.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones de defensa del consumidor y asociaciones de adultos mayores. “Esto no es un caso aislado. Es la punta del iceberg de un sistema financiero que se aprovecha de quienes no tienen acceso a asesoría legal o económica”, dijo Ana Luján, directora de la ONG “Derechos del Jubilado Misionero”.
Las entidades demandadas aún no se han pronunciado oficialmente. Sin embargo, fuentes judiciales indican que el juez a cargo ha solicitado la documentación completa de todos los contratos y operaciones financieras, y que se abrirá una audiencia preliminar en las próximas semanas.
Este caso podría sentar un precedente en Misiones y más allá: si se comprueba la existencia de prácticas abusivas, podría impulsar una revisión masiva de contratos de crédito dirigidos a personas mayores y de bajos ingresos en todo el país.
Mientras tanto, el jubilado espera que su denuncia no solo le devuelva la tranquilidad, sino que sirva para proteger a otros que podrían estar viviendo la misma pesadilla financiera.