El Senado aprobó este miércoles 74 pliegos judiciales en una sesión histórica que pone fin a más de ocho años de parálisis en la designación de jueces y fiscales, tras un intenso debate que dividió a la oposición y levantó críticas por nexos familiares en los nombramientos.
Entre los más cuestionados estuvieron Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien obtuvo 44 votos a favor y 20 en contra, y María Julia Sosa, secretaria del juez Julián Ercolini, con 42 votos a favor y 22 en contra. Ambos pliegos fueron rechazados por senadores de Unión por la Patria, que denunciaron “nepotismo institucionalizado” y exigieron mayor transparencia en los criterios de selección.
Pero la polémica no se limitó a esos casos. El Senado también aprobó por mayoría los pliegos de Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Georgi —a cargo de la causa Libra—; Juan Andrés Moldes, hijo del fallecido fiscal Germán Moldes; Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Ramón Durán; Nicolás Pacilio, hijo del excamarista Antonio Pacilio; y Pablo Wilk, secretario del juzgado de Quilmes a cargo de Luis Armella, vinculado a causas contra la AFA. Todos fueron aprobados sin objeciones del oficialismo, que los calificó como “perfiles técnicamente idóneos”.
El presidente Javier Milei celebró la aprobación como un “verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione”. “Tras más de ocho años de parálisis, donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, este es un logro colectivo”, afirmó desde el Ejecutivo, en un mensaje que busca consolidar su agenda de reformas institucionales.
Mientras tanto, el oficialismo postergó el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que será debatido la próxima semana. La senadora Ana Marks (PJ) advirtió que “no consiguieron los votos, pero el modelo económico de saqueo que llevan adelante nos obliga a estar atentos, seguir informando y concientizando”.
En otro capítulo controvertido, el Senado aprobó por 40 votos a favor y 22 en contra un acuerdo con dos fondos buitre —Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP— para cancelar una deuda de 171 millones de dólares derivada de los bonos en default del 2001. La medida, que ahora debe ser ratificada por la Cámara de Diputados antes del 30 de junio, reavivó el debate sobre la política de pago a acreedores externos y el costo social de los rescates financieros.
Con este paquete de decisiones, el Senado sella una de las mayores transformaciones judiciales en décadas —y también una de las más polarizadas—, donde la eficiencia institucional choca con las sospechas de privilegios y redes de poder.
