Una familia promedio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesitó 2,4 millones de pesos en mayo para alcanzar el umbral de la clase media, según datos oficiales difundidos por el INDEC. El cálculo, que incluye alimentación, vivienda, educación, salud, transporte y esparcimiento, refleja la presión inflacionaria que sigue golpeando el poder adquisitivo de los hogares, incluso en el epicentro económico del país.
En paralelo, el Gobierno nacional derogó 58 resoluciones vinculadas al comercio e industria, entre ellas las últimas normas del Fondo Estabilizador del Trigo (FETA), medida que busca simplificar trámites y reducir la intervención estatal en sectores clave. La decisión, anunciada por la Secretaría de Industria, apunta a fomentar la competencia y atraer inversiones, aunque expertos advierten que sin un marco de precios estable, los beneficios podrían limitarse.
El mercado automotriz también muestra signos de desaceleración: la venta de autos usados cayó un 7% interanual en mayo. Las provincias más afectadas fueron Santa Cruz (-20%), La Rioja (-15%) y Misiones (-16,6%), donde la combinación de baja renta, alta inflación y escaso acceso a crédito frenó las compras. En contraste, CABA y Córdoba registraron caídas por debajo del promedio nacional, evidenciando una brecha regional creciente en el consumo.
Mientras tanto, en Salta, la crisis del endeudamiento se volvió estructural: en solo cinco meses se abrieron 207 causas de concursos y quiebras, un salto del 207% respecto al mismo período del año anterior. El 30% de las empresas en la provincia presentan mora superior a 90 días, según datos de la Cámara de Comercio. “No hay liquidez, los créditos están bloqueados y los consumidores priorizan lo básico”, explicó un empresario local bajo anonimato.
El panorama refleja una Argentina en dos velocidades: mientras en la capital se mide el costo de mantener un estándar de vida mínimo, en el interior la sobrevivencia empresarial se convierte en una batalla diaria. Las políticas económicas, desde la derogación de normas hasta los índices de consumo, revelan un intento de reequilibrio, pero aún sin resolver las grietas profundas que separan a los argentinos por ingresos, región y acceso al crédito.