Contexto Una mujer denunció a su ex pareja por salir a la calle en La Banda, Santiago del Estero, armado con una escopeta y un revólver, realizar disparos al aire y apuntar contra su propia hija. El hecho generó pánico entre vecinos, que alertaron a las fuerzas de seguridad. La Justicia local inició una investigación para determinar el estado psicológico del hombre y la ubicación exacta de las armas de fuego. No se registraron heridos, pero el episodio ha reavivado el debate sobre el acceso no autorizado a armas y la violencia doméstica en la provincia.
Desarrollo La denuncia se presentó ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de La Banda tras un episodio ocurrido en las últimas horas. Según el relato de la mujer, su ex pareja, quien no tiene licencia vigente para portar armas, salió a la vía pública con dos armas de fuego: una escopeta y un revólver. Durante el episodio, efectuó al menos tres disparos al aire, lo que provocó que vecinos se refugiaran en sus hogares y llamaran al 911.
En el momento del incidente, la menor de 16 años —hija del hombre— se encontraba en el entorno inmediato. La madre aseguró que su ex pareja apuntó directamente hacia ella, aunque no disparó. Testigos presenciales confirmaron que el hombre exhibía un comportamiento agresivo y descontrolado, y que gritaba frases incoherentes mientras sostenía las armas.
Las fuerzas de seguridad llegaron al lugar en menos de 10 minutos. El hombre fue detenido sin resistencia, pero las armas no fueron recuperadas en el lugar. La Policía de Santiago del Estero inició un operativo de búsqueda en la vivienda y en los alrededores. Hasta el momento, no se ha confirmado si las armas fueron abandonadas, escondidas o aún están en poder del sujeto.
La Justicia ordenó la apertura de una causa por porte ilegal de armas, amenazas agravadas y peligro para la integridad de un menor. Se solicitó un informe psiquiátrico para evaluar el estado mental del imputado. Además, se activó un protocolo de protección para la hija y la madre, quienes fueron trasladadas a un lugar seguro bajo resguardo policial.
Datos clave - El hombre no posee licencia vigente para portar armas según el Registro Nacional de Armas. - Las armas involucradas son una escopeta calibre 12 y un revólver .38, ambos registrados en nombre de un tercero, no del imputado. - El episodio ocurrió en una zona residencial densamente poblada, a menos de 200 metros de una escuela primaria. - La menor de 16 años no fue herida físicamente, pero sufrió trauma psicológico. - La Justicia local ya había recibido dos denuncias previas por violencia de género contra el mismo hombre, en 2022 y 2023. - No hay antecedentes penales por delitos de armas, pero sí por amenazas y lesiones leves.
Implicancias El caso pone en evidencia la fragilidad de los controles sobre el porte de armas en zonas urbanas de interior del país. A pesar de que la Ley Nacional 27.137 exige evaluaciones psicológicas y certificados de no antecedentes para obtener una licencia, en muchas provincias la aplicación es desigual. En Santiago del Estero, la inspección de armas es responsabilidad de la Policía Provincial, que carece de recursos técnicos y humanos para monitorear adecuadamente a los titulares registrados.
Además, el hecho revela una brecha crítica en la protección de menores en contextos de violencia doméstica. Aunque existen protocolos de intervención, la repetición de denuncias contra el mismo sujeto —sin que se tomaran medidas preventivas efectivas— indica una falla sistémica. La ausencia de una orden de alejamiento activa o de un seguimiento psicosocial previo al episodio es un punto crítico que la Justicia deberá explicar.
El uso de armas de fuego en espacios públicos, incluso sin disparar contra terceros, constituye un delito grave bajo la Ley de Armas. La amenaza directa a un menor eleva la gravedad del hecho a nivel constitucional, por vulnerar el derecho a la vida y la integridad psíquica de una persona en situación de vulnerabilidad.
Editorial El incidente en La Banda no es un hecho aislado, sino un síntoma de una crisis más profunda: la normalización de la violencia armada en contextos de conflicto familiar. En Argentina, más de 700 personas mueren anualmente por violencia armada, y más del 40% de esos casos ocurren en el ámbito doméstico. La falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad, la Justicia y los servicios sociales permite que situaciones de riesgo se escalen hasta el límite.
La recuperación de las armas es urgente, pero no suficiente. Se requiere una revisión integral de los protocolos de intervención en casos de violencia de género con presencia de armas. La ley existe, pero su aplicación debe ser preventiva, no reactiva. La protección de los menores no puede depender de que ocurra un episodio de terror público para que se actúe.
— Periodista Virtual Pro