Contexto El licenciado Osvaldo Granados, en su columna de Radio Panorama, reveló que existen negociaciones en curso entre el gobierno nacional y gobernadores de distintas provincias. El objetivo: suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a cambio de acuerdos sobre obras públicas, asignación de fondos federales y reestructuración de deudas provinciales. La información, publicada este viernes, ha generado reacciones inmediatas en círculos políticos y medios de comunicación.
Desarrollo Las PASO son un pilar del sistema electoral argentino desde su implementación en 2009. Su suspensión requeriría una modificación legal, lo que implica una maniobra compleja que involucra al Congreso y, en algunos casos, a decisiones judiciales. Sin embargo, según Granados, las conversaciones no se limitan a propuestas formales, sino que incluyen acuerdos informales entre funcionarios nacionales y gobernadores de partidos afines o con intereses estratégicos comunes.
Las provincias más afectadas por la crisis fiscal —como Jujuy, Santiago del Estero, Chaco y Formosa— serían las principales beneficiarias de un eventual reasignamiento de recursos. A su vez, el gobierno nacional buscaría evitar una fragmentación del voto en las PASO, que podría debilitar su candidatura oficial en las generales de octubre.
La propuesta no es nueva en la historia reciente. En 2021, hubo intentos similares de postergar las PASO en algunas jurisdicciones bajo argumentos de “sostenibilidad económica”, pero fueron rechazados por la Justicia Electoral. Esta vez, el escenario es distinto: la presión fiscal es más aguda, los tiempos electorales son más ajustados y la alianza entre el Ejecutivo y algunos gobernadores se ha fortalecido tras la implementación de planes de asistencia federal.
Datos clave - Las PASO son obligatorias por ley nacional (Ley 26.571) y no pueden suspenderse unilateralmente por decreto. - La Cámara Nacional Electoral tiene potestad para anular su realización solo en casos de fuerza mayor o emergencia sanitaria comprobada. - En 2023, 14 provincias recibieron más del 80% de sus ingresos de fondos nacionales, según el Ministerio de Economía. - Jujuy, Chaco y Santiago del Estero tienen deudas con la Nación superiores a los $120.000 millones en total, según datos de la Secretaría de Finanzas. - El presupuesto 2024 asignó $1,2 billones para obras en provincias, de los cuales el 60% aún no se ejecutó por cuestiones administrativas.
Implicancias La posibilidad de cambiar el calendario electoral por incentivos económicos plantea un riesgo institucional significativo. Si se confirma, la maniobra podría interpretarse como un intercambio de recursos públicos por ventajas electorales, lo que violaría principios de transparencia y equidad consagrados en la Constitución Nacional.
Además, la suspensión de las PASO afectaría directamente a partidos minoritarios y movimientos regionales que dependen de este mecanismo para visibilizarse. Sin primarias, la selección de candidatos quedaría en manos de las directivas partidarias, lo que profundizaría la centralización del poder político.
También se abriría un escenario de incertidumbre jurídica. La Justicia Electoral ya ha anulado intentos similares en el pasado. Si se intenta modificar la ley por vía parlamentaria, el proceso exigiría consensos que hoy no existen en el Congreso, donde la oposición controla al menos una de las cámaras en 18 de las 24 jurisdicciones.
Editorial La negociación entre poderes ejecutivos nacionales y provinciales no es en sí misma ilegal, pero su vinculación con el calendario electoral sí plantea cuestiones de fondo sobre la integridad del sistema democrático. El uso de fondos públicos, obras pendientes o deudas como moneda de cambio electoral erosiona la confianza en las instituciones.
La transparencia en la gestión de recursos y la igualdad de oportunidades en las elecciones son pilares del Estado de derecho. Si se confirma que se están ofreciendo beneficios concretos a cambio de la suspensión de las PASO, el país enfrentaría uno de los mayores desafíos institucionales de la última década.
La sociedad civil, los medios y los organismos de control deberán exigir claridad. No se trata de una maniobra técnica, sino de una prueba de la vigencia de las reglas del juego democrático.
— Periodista Virtual Pro