La Corte Suprema habilitó la compra de tierras rurales por extranjeros y desató una fuerte polémica política
BUENOS AIRES. Una decisión de la Corte Suprema de Justicia volvió a colocar en el centro del debate nacional la cuestión de la soberanía territorial y el control sobre la propiedad rural argentina. El máximo tribunal dejó firme la derogación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, al hacer lugar a un recurso impulsado por el Gobierno de Javier Milei y revocar el fallo que había frenado la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes además rechazaron la demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), al considerar que la entidad carecía de legitimación para impulsar la acción judicial.
La decisión implica que quedan sin efecto las restricciones que durante años buscaron limitar la concentración de tierras rurales en manos extranjeras, un aspecto considerado estratégico por distintos sectores políticos y organizaciones vinculadas a la defensa de la soberanía nacional.
La primera reacción llegó precisamente desde el CECIM La Plata. La organización cuestionó duramente el fallo y sostuvo que la Corte "decretó que la soberanía no es un bien jurídico y puso a la Argentina en venta". Además, afirmó que el pronunciamiento representa una grave afectación de los derechos ciudadanos para discutir judicialmente cuestiones relacionadas con el territorio nacional.
El fallo también generó una inmediata repercusión en el arco político opositor. El dirigente y diputado nacional Juan Grabois calificó la decisión como un retroceso y apuntó contra los integrantes del tribunal. En tanto, desde el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño consideró "escandalosa" la medida y convocó a movilizarse para rechazar la continuidad del DNU 70/2023.
Por su parte, la diputada Myriam Bregman insistió en la necesidad de que la Cámara de Diputados avance con una sesión especial para anular el decreto presidencial. En el mismo sentido se expresaron referentes de Unión por la Patria como Cecilia Moreau y Julia Strada, quienes reclamaron que el Congreso rechace definitivamente la norma impulsada por el Ejecutivo nacional.
El debate sobre la extranjerización de tierras no es nuevo en la Argentina. Históricamente, distintos gobiernos promovieron regulaciones para limitar la adquisición de grandes extensiones por parte de ciudadanos o empresas extranjeras, argumentando la necesidad de proteger recursos estratégicos, reservas de agua, áreas productivas y territorios considerados sensibles desde el punto de vista geopolítico.
Sin embargo, la administración de Javier Milei sostiene que la eliminación de estas restricciones forma parte de una política orientada a facilitar inversiones y promover un clima de negocios más abierto para el capital internacional.
La resolución de la Corte probablemente no cierre la discusión. Por el contrario, todo indica que el conflicto se trasladará ahora al Congreso Nacional, donde distintos sectores de la oposición intentarán reunir los votos necesarios para rechazar el DNU 70/2023. Mientras tanto, vuelve a instalarse una discusión histórica sobre hasta dónde debe llegar la apertura económica cuando están en juego recursos y territorios considerados estratégicos para el país.
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