El escalón que faltaba
Horas después de que el gobierno de Javier Milei anunciara que llevó al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, por la explotación de recursos en las Islas Malvinas, Londres contraatacó: anunció que modificará su propia legislación para "proteger" a las empresas que desarrollan actividades en el archipiélago. El comunicado oficial del gobierno laborista abre con una frase directa: habrá nuevas medidas de protección frente a lo que considera normas argentinas dirigidas a actividades vinculadas con las islas.
La mira puesta en Sea Lion
La referencia tiene nombre y apellido: la británica Rockhopper y la israelí Navitas, las operadoras del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Para blindarlas, el gobierno del primer ministro Andy Burnham invocará la Protection of Trading Interests Act, una ley de 1980 que protege a las empresas británicas frente a normas extraterritoriales de otros países y que ya se usó en casos como las sanciones de Estados Unidos contra Cuba e Irán. La norma habilita a las firmas a desoír esas medidas y a reclamar indemnizaciones cuando resulten afectadas.
Voces duras en Londres
El secretario de Estado de Empresa y Comercio, Jonathan Reynolds, aseguró que su gobierno "actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial lícita del Reino Unido", mientras que el canciller Ed Miliband sostuvo que "el apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es firme". El comunicado calificó de "inaceptables" los supuestos intentos argentinos de "intimidar" a empresas y particulares, y advirtió que Londres continuará evaluando todas las opciones para proteger sus intereses.
Interpol entra en escena
En paralelo, el diario británico The Guardian reveló que el gobierno británico envió una carta a la sede de Interpol en Lyon pidiendo que rechace eventuales pedidos argentinos de detención de personas vinculadas al proyecto Sea Lion, a los que calificó de motivados políticamente. La Cancillería argentina salió a desmentir: negó que se haya solicitado la detención de ejecutivos de las empresas. La directora ejecutiva del gobierno de las islas, Andrea Clausen, reconoció que la movida argentina supone "una amenaza", aunque estimó que Interpol probablemente no tomaría medidas.
El reclamo argentino
La demanda argentina ante el tribunal de Hamburgo fue llevada adelante por el director de la consejería legal internacional, Mario Oyarzábal, luego de que venciera el ultimátum de dos semanas que la diplomacia fijó a Londres para frenar el proyecto. Según anunció la Oficina del Presidente, se pidieron medidas provisionales para frenar los trabajos de explotación de hidrocarburos y proteger los recursos naturales. Con la respuesta británica de hoy, el capítulo legal de la disputa por Malvinas entra en su momento más tenso en años.
Fuente: La Nación