La Argentina da un paso sin precedentes en el reclamo por Malvinas: el Gobierno llevará al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por la explotación petrolera en las aguas del archipiélago. Una delegación de la Cancillería viajará a Hamburgo, Alemania, para presentar el reclamo formal, justo cuando mañana lunes vence el plazo de dos semanas que la diplomacia argentina le dio a Londres para frenar el proyecto Sea Lion.
El fin del ultimátum y la ofensiva legal
La intimación había sido lanzada por la Casa Rosada el 28 de septiembre: dos semanas para que cesara la extracción de hidrocarburos en la cuenca norte de las islas, donde operan la británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum. Nadie en el Gobierno espera que Gran Bretaña cambie de posición, por lo que la presentación ante el tribunal de la ONU ya está decidida. La misión estará encabezada por Mario Oyarzábal, diplomático de carrera y director de la consejería legal internacional de la Cancillería.
El objetivo argentino es que el tribunal, compuesto por 21 miembros y creado en 1982 en el marco de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, ordene la suspensión de las actividades petroleras, al menos de forma provisoria, mientras se sustancia el caso. Londres rechazó de plano la postura nacional y acusó a Buenos Aires de buscar "socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno". La tensión se hizo evidente días atrás en la cena anual del CARI, donde el embajador británico David Cairns abandonó la gala con gesto adusto tras el discurso del canciller Pablo Quirno: "Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo ante un tribunal compuesto por árbitros independientes".
Una jugada "arriesgada"
Más allá del optimismo oficial, experimentados diplomáticos calificaron la movida como "arriesgada". Sucede que los gobiernos de distinto signo ideológico evitaron históricamente recurrir a tribunales internacionales por la cuestión Malvinas, por temor a un fallo adverso que complique la recuperación diplomática de las islas. La Cancillería se ampara en un antecedente exitoso: en 2012, ese mismo tribunal, con la diplomática Susana Ruiz Cerruti al frente de la presentación argentina, ordenó en apenas dos meses la liberación de la fragata Libertad, retenida en Ghana por el reclamo de los fondos buitre. Cabe recordar que la jurista argentina Frida Armas Pfirter fue electa días atrás vicepresidenta del tribunal, aunque fuentes diplomáticas dan por descontado que deberá excusarse de intervenir en el caso.
Desde el Gobierno aclaran que no se le pedirá al tribunal que se expida sobre la cuestión de fondo: la soberanía de las islas, que la Argentina reclama cada año desde 1965 en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Solo que un cuerpo independiente decida si la extracción de petróleo en aguas disputadas es legal o no.