El Gobierno de Javier Milei decidió no avanzar con la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y dejará el tema fuera de la reforma del Código Penal que prepara para enviar al Congreso antes de que finalice 2026. La definición llega pese a la postura personal del Presidente, que cuestionó públicamente la legalización del aborto, y en medio de la visita del papa León XIV a la Argentina.
Una decisión de estrategia política
Según informó TN, en la Casa Rosada consideran que reabrir esta discusión podría generar un costo electoral para La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027. Por ese motivo, el oficialismo pretende concentrar el proyecto de reforma en el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas, como robos, entraderas, salideras, narcotráfico, delitos contra menores y diferentes modalidades de fraude.
La decisión no implica un cambio en la postura personal de Milei, quien había vinculado la legalización del aborto con la caída de la natalidad durante una exposición realizada en agosto, cuando afirmó: "Estamos pagando muy cara la locura de los pañuelitos verdes". Sin embargo, las estadísticas oficiales muestran que la disminución de los nacimientos comenzó antes de la sanción de la ley en 2020: según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, la Argentina pasó de 777.012 nacidos vivos en 2014 a 533.299 en 2020, mientras que en 2025 se registraron 401.245.
El mensaje del Papa y las diferencias internas
La definición también se conoce en medio de la visita del papa León XIV. Durante su discurso del domingo en el Palacio Libertad, el Sumo Pontífice pidió proteger la vida humana desde sus primeros instantes hasta su término natural, en línea con la posición histórica de la Iglesia católica. Desde el Gobierno evitaron interpretar esas palabras como un reclamo directo al Presidente y señalaron que el mensaje del Papa responde a principios doctrinarios, sin que ello implique una exigencia de modificar la legislación argentina.
El debate generó además diferencias dentro del oficialismo: la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó que el Gobierno no haya impulsado la derogación del aborto legal, marcando nuevamente distancia con algunas decisiones de la administración nacional.
Actualmente, la Ley 27.610 permite acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive. Después de ese plazo, la práctica está contemplada cuando el embarazo es producto de una violación o existe riesgo para la vida o la salud de la persona gestante. La intención oficial es presentar la reforma del Código Penal antes de fin de año, aunque todavía existen diferencias técnicas sobre su contenido, y que la discusión legislativa se concentre en la seguridad y no en una nueva controversia sobre los derechos reproductivos.