En un movimiento sin precedentes, el gobierno nacional habilitó a los militares activos y en reserva a desempeñar segundo empleo en sectores como transporte privado, seguridad privada y logística, tras una caída salarial superior al 25% en los últimos dos años. La medida, impulsada por el Ministerio de Defensa, busca mitigar la crisis económica que afecta a las Fuerzas Armadas, cuyos sueldos han perdido poder adquisitivo en medio de la inflación galopante y la reestructuración del gasto público.
La decisión, que entró en vigor el 1º de junio, permite a los efectivos —desde reclutas hasta oficiales— trabajar hasta 20 horas semanales en actividades no relacionadas con el servicio militar, siempre que no interfieran con sus funciones ni comprometan la seguridad nacional. El Ministerio asegura que se implementarán controles rigurosos para evitar conflictos de interés, pero organizaciones de derechos humanos ya expresaron preocupación por la posible “privatización de la defensa”.
Paralelamente, el Museo Malvinas decidió retirar el nombre del auditorio Orlando Pascua —un exmilitar vinculado a la dictadura— y reemplazarlo por el de Julio Rubén Cao, soldado caído en combate durante la guerra de 1982. La decisión, celebrada por familias de veteranos y ONGs de derechos humanos, es parte de una redefinición simbólica del recuerdo histórico: “No se trata de borrar, sino de honrar a quienes dieron la vida por la patria, no a quienes la traicionaron”, afirmó el director del museo, Daniel Márquez.
En el Senado, la agenda se enfoca en una de las polémicas más calientes del año: la venta de tierras a extranjeros. Tras meses de presión social y debates en comisiones, se acordó sesionar el 18 de junio para tratar el proyecto que limita la adquisición de propiedades rurales por parte de personas o empresas no residentes. La iniciativa, respaldada por sectores del agro y movimientos indígenas, busca proteger la soberanía alimentaria y evitar la concentración de tierras en manos extranjeras.
Mientras tanto, la senadora radical Edith Terenzi logró el dictamen favorable para crear la figura jurídica del “ecocidio” en el Código Penal argentino. La propuesta tipifica como delito grave la destrucción masiva, deliberada o negligente de ecosistemas, con penas de 3 a 15 años de prisión. “No podemos seguir permitiendo que la riqueza natural sea sacrificada en nombre del lucro”, dijo Terenzi en la comisión de Ambiente. El proyecto, que ahora avanza hacia el plenario, se alinea con iniciativas similares en países como Bolivia y Francia, y podría convertir a Argentina en el primer país de América Latina en criminalizar el ecocidio a nivel nacional.
Con el país en medio de una redefinición de su identidad institucional —desde el salario de los soldados hasta el nombre de los héroes que se recuerdan—, junio se perfila como un mes decisivo para la memoria, la justicia y el futuro de la soberanía argentina.