La falta de transparencia en la gestión de los fondos de emergencia nacionales ha generado creciente preocupación entre ciudadanos, expertos y organismos de control. A pesar de que el gobierno anunció en enero la asignación de más de 12 mil millones de pesos para responder a desastres naturales, incendios forestales y crisis sanitarias, hasta la fecha no se ha publicado un informe detallado sobre su destino real.
Fuentes del Tribunal de Cuentas confirmaron que, de los 18 proyectos financiados bajo este presupuesto, solo cinco han presentado reportes de avance, y tres de ellos muestran desviaciones superiores al 40% en sus gastos. “No se trata de acusaciones, sino de una evidente brecha entre lo prometido y lo ejecutado”, señaló la auditora principal, Laura Méndez.
Ciudadanos de regiones afectadas por sequías y deslizamientos, como el norte de Antioquia y el suroeste de Cundinamarca, reportan que los recursos prometidos no han llegado a sus comunidades. “Nos dijeron que habría agua potable, refugios y ayuda médica. Lo que recibimos fueron promesas y folletos”, dijo María González, líder comunitaria de La Paila.
El Ministerio de Hacienda respondió que “los procesos de asignación son complejos y están sujetos a protocolos de revisión interna”, pero no proporcionó fechas concretas para la publicación de los informes exigidos por la Ley de Transparencia. Mientras tanto, la Procuraduría General abrió una investigación preliminar por posible malversación y omisión de deberes.
Organizaciones civiles ya han convocado una movilización nacional para el 15 de junio bajo el lema “¡Los fondos son de todos, no de nadie!”. Expertos en finanzas públicas advierten que, sin rendición de cuentas, este modelo de gestión pone en riesgo no solo la confianza ciudadana, sino también la capacidad del Estado para responder ante futuras emergencias.
Mientras el reloj avanza, miles de familias siguen esperando respuestas. Y la pregunta que ya no se puede ignorar es: ¿quiénes están realmente beneficiándose de estos fondos?