El presidente boliviano Rodrigo Paz promulg贸 este mi茅rcoles una ley que declara el estado de excepci贸n en todo el territorio nacional, autorizando a las Fuerzas Armadas y la Polic铆a Nacional a realizar operativos conjuntos para desbloquear rutas estrat茅gicas interrumpidas desde el 1潞 de mayo. La medida, adoptada tras una semana de crecientes protestas sociales y par谩lisis log铆stica, busca restablecer la circulaci贸n de bienes y personas en un pa铆s que ya registra p茅rdidas econ贸micas estimadas en m谩s de 300 millones de d贸lares.
La medida fue aprobada por el Congreso tras una sesi贸n de emergencia y entr贸 en vigor de inmediato. Seg煤n el decreto, las fuerzas de seguridad pueden utilizar “todos los medios necesarios” para despejar bloqueos, incluyendo el uso de fuerza si se presenta resistencia. El gobierno justifica la decisi贸n como “imprescindible para garantizar el derecho a la libre circulaci贸n y la seguridad nacional”.
Sin embargo, la Central Obrera Boliviana (COB) denunci贸 con vehemencia el secuestro y atentado contra cinco dirigentes sindicales en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. “No se trata de des贸rdenes callejeros, sino de una represi贸n sistem谩tica contra quienes defienden derechos laborales y sociales”, afirm贸 el secretario general de la COB, Juan Carlos Huanca. Las v铆ctimas, seg煤n testigos, fueron detenidas por personal no identificado, trasladadas en veh铆culos sin placas y sometidas a amenazas y maltratos f铆sicos.
La organizaci贸n calific贸 los hechos como una “grave vulneraci贸n de los derechos constitucionales”, incluyendo el derecho a la libertad de asociaci贸n y a la protesta pac铆fica, garantizados en la Constituci贸n de 2009. Amnist铆a Internacional y la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya han solicitado al gobierno boliviano informaci贸n urgente sobre los casos y han pedido “la inmediata liberaci贸n de los detenidos y una investigaci贸n independiente”.
Mientras tanto, las rutas nacionales siguen siendo escenario de tensi贸n. Camioneros, mineros y docentes contin煤an sus movilizaciones exigiendo mejoras salariales, aumento de inversiones en salud y educaci贸n, y la renuncia del presidente Paz. “No somos terroristas, somos trabajadores que no tienen otra forma de ser escuchados”, dijo una maestra bloqueando la carretera a El Alto.
La comunidad internacional observa con preocupaci贸n el giro represivo del gobierno. La Uni贸n Europea emiti贸 un comunicado pidiendo “di谩logo y proporcionalidad”, mientras que la OEA anunci贸 que enviar谩 una misi贸n de observaci贸n en los pr贸ximos d铆as.
Bolivia vive hoy una de sus crisis m谩s profundas en la 煤ltima d茅cada: entre el Estado que intenta recuperar el control y la sociedad civil que exige justicia, el pa铆s se encuentra en una encrucijada que podr铆a definir su rumbo democr谩tico en los pr贸ximos meses.