El Gobierno nacional y las universidades públicas sellaron este miércoles un acuerdo salarial y presupuestario histórico, tras meses de tensión y paros. El pacto incluye un aumento salarial acumulado del 24,33% —21,33% desde junio y otro 3% en octubre—, más una nueva mecánica de paritarias cada tres meses vinculadas a la inflación oficial medida por el Indec. El objetivo: estabilizar los ingresos de docentes y no docentes en un contexto de volatilidad económica.
Para financiar el acuerdo, se autorizaron $800.000 millones adicionales para el sector universitario, con un 20% extra destinado específicamente a gastos de funcionamiento —una demanda clave de las rectoras y rectores que denunciaban colapsos en servicios básicos como limpieza, energía y mantenimiento de infraestructura. Además, se incrementó en un 50% el presupuesto para las becas Manuel Belgrano, que benefician a más de 200.000 estudiantes de bajos recursos, en un esfuerzo por fortalecer la equidad educativa.
Otro pilar del acuerdo es la asignación de $50.000 millones extra para los hospitales universitarios, que actúan como centros de referencia en salud pública y enfrentan presiones crecientes por la demanda y la obsolescencia de equipamiento. El ministerio de Educación aseguró que estos fondos se destinarán a la compra de insumos, renovación de equipos y mejora de las condiciones laborales del personal de salud.
Sin embargo, el clima de celebración se ve empañado por una pulseada judicial que persiste. La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires aún no resolvió una medida cautelar presentada por un grupo de universidades que cuestiona la legalidad de los aumentos sin aprobación previa del Congreso. “El acuerdo es un avance, pero no sustituye la necesidad de un marco legal claro”, señaló el abogado de la Unión de Universidades Nacionales, que anunció nuevas acciones legales.
Mientras tanto, las asociaciones docentes celebraron el pacto como “un reconocimiento al rol estratégico de la educación pública”, aunque advirtieron que “sin autonomía presupuestaria real, estos acuerdos serán temporales”. La UDA, la CTERA y otras organizaciones convocaron a una movilización nacional para el próximo viernes, exigiendo la sanción de una ley de financiamiento educativo permanente.
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que “este acuerdo es el primer paso para una nueva relación entre el Estado y las universidades”, y prometió “enviar al Congreso un proyecto de ley de financiamiento educativo en los próximos 30 días”. Pero para muchos, el reto no es solo financiero: es político. La autonomía universitaria, garante de la libertad académica, sigue en el centro del debate.
Mientras el país mira hacia las próximas elecciones, el futuro de la educación superior depende de si este acuerdo se convierte en una base sólida… o en una tregua efímera.