La Argentina comenzó hoy a exponer sus argumentos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, en la inédita demanda contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en aguas cercanas a las islas Malvinas. La delegación nacional, encabezada desde la Casa Rosada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, pidió que se suspenda la actividad petrolera del proyecto Sea Lion, a cargo de las empresas Rockhopper, de capitales británicos, y Navitas, de Israel.
El pedido argentino: frenar una explotación "irreversible"
Los representantes argentinos solicitaron además que las empresas no utilicen la información obtenida durante la etapa de exploración, que se proteja y preserve el medio marino y que se le impida a Gran Bretaña tomar medidas que agraven la disputa. El argumento central es que existe una controversia de soberanía sobre las islas y que, mientras se mantenga vigente, no es legal utilizar sus recursos naturales.
"Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva", afirmó Mario Oyarzábal, titular de la consejería legal internacional de la Cancillería y responsable de la presentación de la demanda. La delegación advirtió también que el plan de contingencia de una de las compañías contempla la posibilidad de que un derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días, un escenario en el que el país debería "coordinar la respuesta y afrontar las consecuencias de una actividad que no autorizó".
La respuesta británica y lo que viene
Los representantes de Gran Bretaña, que expusieron luego de un intervalo de dos horas, sostuvieron que el proyecto Sea Lion cumple con todos los requisitos del tratado de 1982 y defendieron la explotación como parte del "derecho a la autodeterminación" de la población de las islas. La procuradora general para Inglaterra y Gales, Elie Reeves, advirtió que las medidas pedidas por la Argentina "tendrían consecuencias devastadoras para las Islas Malvinas y su población", con el riesgo de perder miles de millones de libras en ingresos, y remarcó que en esta disputa "no está en discusión la soberanía británica".
El tribunal, integrado por 22 miembros, volverá a escuchar a las partes este miércoles y luego tendrá algunas semanas de deliberación antes de dar un veredicto provisorio. La estrategia de la Casa Rosada es que se declare competente y decrete en el corto plazo la suspensión de las actividades exploratorias, algo que un experto argentino en derecho internacional estima probable "antes de fin de año" si se acepta la jurisdicción. La solución de fondo, en cambio, quedará en manos de un Tribunal Arbitral aún no conformado, que puede demorar años en emitir su fallo definitivo.
El presidente Javier Milei celebró internamente el primer paso: envió al chat del gabinete una foto de la comitiva argentina en Hamburgo con el mensaje "Estamos en este tribunal para frenar la explotación petrolera en Malvinas. Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia".