El presidente boliviano Rodrigo Paz promulgó este miércoles una ley que declara el estado de excepción en todo el territorio nacional, autorizando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a realizar operativos conjuntos para desbloquear rutas estratégicas interrumpidas desde el 1º de mayo. La medida, adoptada tras una semana de crecientes protestas sociales y parálisis logística, busca restablecer la circulación de bienes y personas en un país que ya registra pérdidas económicas estimadas en más de 300 millones de dólares.
La medida fue aprobada por el Congreso tras una sesión de emergencia y entró en vigor de inmediato. Según el decreto, las fuerzas de seguridad pueden utilizar “todos los medios necesarios” para despejar bloqueos, incluyendo el uso de fuerza si se presenta resistencia. El gobierno justifica la decisión como “imprescindible para garantizar el derecho a la libre circulación y la seguridad nacional”.
Sin embargo, la Central Obrera Boliviana (COB) denunció con vehemencia el secuestro y atentado contra cinco dirigentes sindicales en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. “No se trata de desórdenes callejeros, sino de una represión sistemática contra quienes defienden derechos laborales y sociales”, afirmó el secretario general de la COB, Juan Carlos Huanca. Las víctimas, según testigos, fueron detenidas por personal no identificado, trasladadas en vehículos sin placas y sometidas a amenazas y maltratos físicos.
La organización calificó los hechos como una “grave vulneración de los derechos constitucionales”, incluyendo el derecho a la libertad de asociación y a la protesta pacífica, garantizados en la Constitución de 2009. Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya han solicitado al gobierno boliviano información urgente sobre los casos y han pedido “la inmediata liberación de los detenidos y una investigación independiente”.
Mientras tanto, las rutas nacionales siguen siendo escenario de tensión. Camioneros, mineros y docentes continúan sus movilizaciones exigiendo mejoras salariales, aumento de inversiones en salud y educación, y la renuncia del presidente Paz. “No somos terroristas, somos trabajadores que no tienen otra forma de ser escuchados”, dijo una maestra bloqueando la carretera a El Alto.
La comunidad internacional observa con preocupación el giro represivo del gobierno. La Unión Europea emitió un comunicado pidiendo “diálogo y proporcionalidad”, mientras que la OEA anunció que enviará una misión de observación en los próximos días.
Bolivia vive hoy una de sus crisis más profundas en la última década: entre el Estado que intenta recuperar el control y la sociedad civil que exige justicia, el país se encuentra en una encrucijada que podría definir su rumbo democrático en los próximos meses.